La tercerización laboral es una figura legal que permite a las empresas contratar a otras compañías para la ejecución de determinadas actividades o servicios. Sin embargo, para que esta modalidad sea válida, deben cumplirse los requisitos establecidos por la legislación peruana, especialmente aquellos relacionados con la autonomía de la empresa contratista y la subordinación de sus trabajadores.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la República ha analizado los criterios que permiten determinar cuándo una relación de tercerización podría desnaturalizarse, así como el valor de los documentos vinculados con la seguridad y capacitación de los trabajadores para acreditar la existencia de subordinación laboral.
Este pronunciamiento resulta relevante para las empresas que recurren a servicios tercerizados, debido a que permite comprender la importancia de diferenciar las obligaciones de seguridad y coordinación de aquellas actuaciones que evidencian el ejercicio efectivo del poder de dirección sobre el personal contratado.
¿Qué es la tercerización laboral y cuáles son sus requisitos legales?
La tercerización laboral se encuentra regulada por la Ley N.° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización. Esta modalidad supone que una empresa contratista asuma la ejecución de un servicio por su cuenta y riesgo, utilizando sus propios recursos y manteniendo la responsabilidad por los resultados de su actividad.
De acuerdo con el artículo 2 de dicha ley, para que la tercerización sea considerada válida deben concurrir los siguientes elementos:
- Asunción de los servicios por cuenta y riesgo propio: la empresa contratista debe asumir los riesgos asociados con la prestación del servicio.
- Recursos propios: debe contar con recursos financieros, técnicos o materiales propios que permitan desarrollar la actividad contratada.
- Responsabilidad por los resultados: la empresa contratista debe responder por el resultado de los servicios que ejecuta.
- Subordinación exclusiva de sus trabajadores: el personal desplazado debe encontrarse bajo la dirección y subordinación de la empresa contratista, no de la empresa principal.
Estos requisitos permiten diferenciar una tercerización legítima de una situación en la que la empresa contratista actúa únicamente como intermediaria formal, mientras que la empresa principal ejerce directamente las facultades propias de un empleador.
Por ello, la evaluación de una posible desnaturalización debe considerar las condiciones reales en las que se presta el servicio y no limitarse a la existencia de contratos o documentos formales.
¿Cuándo se produce la desnaturalización de la tercerización laboral?
La desnaturalización de la tercerización laboral se relaciona con el incumplimiento de los elementos esenciales que justifican esta modalidad de contratación.
Uno de los aspectos centrales es la subordinación. En una tercerización válida, la empresa contratista debe conservar la autonomía necesaria para organizar y dirigir a sus trabajadores. Si la empresa principal asume directamente las facultades de dirección sobre el personal desplazado, esta circunstancia puede ser relevante para determinar si la relación contractual se ajusta a la normativa.
Sin embargo, no toda coordinación entre la empresa principal y los trabajadores de la contratista demuestra la existencia de una relación laboral directa. Es necesario analizar la naturaleza de las actuaciones realizadas, su finalidad y las circunstancias en las que se desarrollaron.
En consecuencia, la desnaturalización no debe determinarse a partir de un único documento o de una actuación aislada, sino mediante una evaluación de los elementos que permitan identificar quién ejerce efectivamente la subordinación laboral.
¿Los documentos de seguridad y capacitación acreditan subordinación laboral?
Uno de los criterios relevantes del pronunciamiento judicial analizado consiste en distinguir las obligaciones relacionadas con la seguridad dentro de una unidad minera de las facultades de dirección propias de un empleador.
En el caso examinado, el trabajador había prestado servicios de manera continua en una unidad minera durante varios años, figurando formalmente en las planillas de distintas empresas contratistas. En el proceso judicial, se cuestionó la validez de la tercerización y se solicitó el reconocimiento de una relación laboral directa con la empresa principal, además del pago de participación en las utilidades.
Entre los elementos evaluados se encontraban documentos vinculados con la autorización para realizar trabajos en altura y la capacitación impartida dentro de la unidad minera.
Al respecto, se consideró que dichas exigencias correspondían a obligaciones de seguridad aplicables a las personas que desarrollaban actividades dentro de la concesión minera. Por ese motivo, la existencia de estos documentos no demostraba, por sí sola, que la empresa principal hubiera ejercido el poder de dirección sobre el trabajador.
Este criterio permite establecer una distinción importante: el cumplimiento de obligaciones de seguridad y prevención de riesgos no equivale necesariamente al ejercicio de subordinación laboral.
Las empresas que operan en sectores con riesgos particulares deben cumplir las disposiciones de seguridad aplicables a sus instalaciones y actividades. No obstante, para determinar si existe una relación laboral directa, corresponde evaluar si las actuaciones realizadas evidencian un verdadero ejercicio de las facultades de dirección y control sobre el trabajador.
¿Qué deben evaluar las empresas para evitar contingencias laborales?
Las empresas que contratan servicios tercerizados deben verificar que la relación con sus contratistas responda a las condiciones exigidas por la legislación. La existencia de un contrato comercial no resulta suficiente si, en la práctica, no se mantiene la autonomía empresarial correspondiente.
Para reducir el riesgo de controversias laborales, es recomendable prestar atención a los siguientes aspectos:
1. Verificar la autonomía de la empresa contratista
La contratista debe contar con recursos y capacidad organizativa para ejecutar los servicios contratados, asumir los riesgos correspondientes y responder por sus resultados.
2. Delimitar las funciones de cada empresa
Es importante establecer con claridad las responsabilidades de la empresa principal y de la contratista. La coordinación necesaria para ejecutar el servicio no debe confundirse con la asunción de las facultades propias de un empleador.
3. Revisar la gestión del personal desplazado
Las empresas deben evaluar quién organiza las labores, imparte instrucciones, supervisa la ejecución del trabajo y ejerce las facultades de dirección sobre los trabajadores.
4. Diferenciar la coordinación operativa de la subordinación
Las indicaciones relacionadas con el acceso a las instalaciones, la seguridad o el cumplimiento de protocolos deben analizarse según su finalidad y contexto. Su existencia no acredita automáticamente una relación laboral directa, pero tampoco excluye que puedan existir otros elementos relevantes para evaluar una posible desnaturalización.
5. Mantener documentación coherente con la operación real
Los contratos, procedimientos, registros y demás documentos deben reflejar la forma en que efectivamente se desarrolla el servicio. Una diferencia entre lo establecido formalmente y lo que ocurre en la práctica puede generar contingencias que requieran una revisión legal.
Estas medidas contribuyen a identificar oportunamente posibles riesgos y a fortalecer la gestión de las relaciones contractuales con empresas tercerizadoras.
¿Qué decidió la Corte Suprema en el caso analizado?
En el proceso examinado, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por la empresa demandada, por lo que no se modificó el pronunciamiento de segunda instancia.
La decisión de segunda instancia había reconocido la existencia de una relación laboral directa durante el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2018. Asimismo, había dispuesto el pago de S/ 94,068 por concepto de participación en las utilidades, ante la falta de presentación de la información necesaria para determinar dicho concepto.
Es importante distinguir entre el criterio referido a los documentos de seguridad y capacitación y el resultado del proceso. Que determinados documentos no acrediten por sí solos el ejercicio del poder de dirección no significa que una tercerización sea necesariamente válida en todas las circunstancias.
La evaluación de cada caso requiere considerar los elementos relevantes de la relación laboral y los fundamentos que sustentan las decisiones judiciales.
Conclusiones
La tercerización laboral exige que la empresa contratista conserve una autonomía real en la ejecución del servicio y mantenga la subordinación de sus trabajadores. Por ello, su validez no depende únicamente de la existencia de contratos, sino también de las condiciones en las que se desarrolla la prestación.
El pronunciamiento analizado permite destacar que los documentos de autorización para realizar trabajos en altura y los registros de capacitación en una unidad minera no acreditan, por sí solos, que la empresa principal ejerza el poder de dirección sobre los trabajadores de una contratista. Estas actuaciones pueden responder al cumplimiento de obligaciones de seguridad aplicables dentro de las instalaciones.
Sin embargo, la evaluación de una posible desnaturalización debe considerar el conjunto de circunstancias que permitan determinar cómo se organiza y dirige efectivamente el trabajo.
Para las empresas, resulta fundamental revisar sus contratos de tercerización, verificar la autonomía de sus proveedores y establecer mecanismos claros de coordinación y supervisión que sean coherentes con la normativa laboral vigente.
Publicado por: VARGAS, BERNAL & CELI ASESORES LEGALES S.A.C.






