El uso de datos personales de clientes durante una relación laboral implica responsabilidades que los trabajadores y las empresas deben conocer. ¿Puede una trabajadora utilizar información confidencial de un usuario para presentar pruebas en un proceso judicial contra su empleador? ¿Qué consecuencias puede tener esta conducta en el ámbito laboral?
Estas interrogantes fueron analizadas por la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación, emitida el 2 de junio de 2026. El pronunciamiento examina los límites del deber de confidencialidad, el cumplimiento de las obligaciones laborales y el principio de buena fe.
Desde una perspectiva empresarial, esta decisión constituye una referencia importante para comprender los riesgos asociados al uso no autorizado de información obtenida durante el desempeño de las funciones laborales.
1. ¿Qué ocurrió en el caso analizado por la Corte Suprema?
La controversia se originó entre una trabajadora y la empresa CISESA Computación Informática y Servicios Electrónicos S.A.C.
La trabajadora había iniciado un proceso judicial para cuestionar una sanción disciplinaria impuesta por su empleadora. Durante dicho procedimiento, presentó una declaración jurada de un cliente que supuestamente había realizado una calificación negativa en una atención comercial.
Para obtener esa declaración, utilizó el número telefónico y los datos personales del cliente a los que había tenido acceso durante el desempeño de sus funciones.
La situación adquirió relevancia porque la trabajadora había suscrito un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometía a no utilizar ni entregar información reservada de su empleadora a terceros.
La empresa consideró que el uso de dicha información para contactar al cliente y obtener una declaración jurada constituía un incumplimiento de sus obligaciones laborales. En consecuencia, inició un procedimiento de despido.
La trabajadora cuestionó esta decisión y solicitó su reposición, alegando, entre otros argumentos, que había sido objeto de un despido fraudulento.
Sin embargo, las instancias judiciales desestimaron su demanda y la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación, manteniendo la decisión impugnada.
2. ¿Qué determinó la Corte Suprema sobre los datos personales de clientes?
Uno de los principales aspectos analizados fue determinar si el deber de confidencialidad constituía una obligación específica vinculada con las funciones de la trabajadora.
La Corte Suprema examinó el inciso a) del artículo 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 003-97-TR.
Esta disposición contempla como falta grave el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral.
El tribunal precisó que esta causal no comprende indiscriminadamente cualquier obligación derivada de la relación laboral. Es necesario identificar las obligaciones propias y específicas de las funciones asignadas al trabajador y determinar si fueron incumplidas.
En el caso analizado, el deber de confidencialidad estaba relacionado directamente con la información a la que la trabajadora accedía durante sus labores. Además, existía un acuerdo que establecía su compromiso de mantener la reserva correspondiente.
Por ello, que la empresa le hubiera proporcionado el número telefónico del cliente no significaba que estuviera autorizada a utilizarlo para cualquier propósito.
La Corte concluyó que el uso no autorizado de esa información para una finalidad distinta de aquella que justificó su acceso constituyó un incumplimiento de las obligaciones laborales y un quebrantamiento de la buena fe.
3. ¿El derecho de defensa permite utilizar información confidencial?
El derecho de defensa es una garantía fundamental que permite a las personas presentar argumentos y medios probatorios para sustentar su posición en un procedimiento judicial.
Sin embargo, invocar este derecho no convierte automáticamente en autorizado cualquier uso de información obtenida durante una relación laboral.
En el caso examinado, la trabajadora utilizó información de un cliente a la que había accedido por razón de su cargo para contactarlo y obtener una declaración jurada que posteriormente presentó en un proceso judicial contra su empleadora.
La Corte Suprema consideró relevante que la trabajadora no contara con autorización para utilizar esa información con dicha finalidad y que estuviera sujeta a un deber de confidencialidad.
En consecuencia, el propósito de ejercer el derecho de defensa no desvirtuó, por sí solo, el incumplimiento laboral determinado por las instancias judiciales.
Es importante precisar que este pronunciamiento no establece una prohibición absoluta de utilizar información empresarial en procesos judiciales. Su análisis responde a las circunstancias concretas del caso, entre ellas, la forma en que se obtuvo la información, la finalidad de su utilización y las obligaciones de confidencialidad asumidas.
Cuando un trabajador necesita presentar pruebas para defender sus derechos, resulta fundamental evaluar los mecanismos legales disponibles para hacerlo sin incurrir en un uso no autorizado de información reservada.
4. El deber de confidencialidad como obligación laboral
La confidencialidad constituye un aspecto esencial en las organizaciones que administran información de clientes, usuarios, proveedores o trabajadores.
En determinados puestos, acceder a esta información es necesario para cumplir las funciones asignadas. No obstante, dicho acceso no significa que el trabajador pueda disponer libremente de ella o utilizarla para finalidades distintas de las autorizadas.
La Casación destaca que el deber de mantener la confidencialidad de la información de los usuarios puede formar parte del contenido propio y específico de las labores del trabajador.
Por tanto, su incumplimiento puede adquirir relevancia disciplinaria cuando se acredita que la conducta vulnera una obligación vinculada con el cargo y reviste la gravedad exigida por la legislación laboral.
Para determinar si existe una falta grave, es necesario identificar la obligación incumplida, establecer su relación con las funciones del trabajador y comprobar objetivamente los hechos atribuidos.
En el caso analizado, las instancias judiciales determinaron que la trabajadora había utilizado información del cliente obtenida durante la relación laboral sin autorización para esa finalidad.
Estos elementos fueron determinantes para concluir que existía una causa justa de despido.
5. ¿Cuándo puede configurarse un despido por falta grave?
El inciso a) del artículo 25 del Decreto Supremo N.° 003-97-TR contempla como falta grave el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral.
Este supuesto exige evaluar las circunstancias particulares de cada caso. No basta con afirmar que se incumplió una obligación: es necesario determinar su contenido, verificar los hechos y establecer si la conducta reviste la gravedad necesaria para justificar la extinción de la relación laboral.
En la sentencia analizada, la Corte Suprema consideró que el deber de confidencialidad estaba directamente relacionado con las funciones de la trabajadora y que su incumplimiento, en las circunstancias acreditadas, justificaba la decisión adoptada por las instancias judiciales.
Asimismo, se descartó el despido fraudulento alegado por la trabajadora, al haberse determinado que los hechos imputados constituían una causa justa de despido.
Por ello, las empresas deben evitar decisiones automáticas y evaluar cada situación con criterios objetivos, respetando las obligaciones legales y el procedimiento correspondiente.
6. ¿Qué medidas deben adoptar las empresas para proteger la información?
La utilización inadecuada de información confidencial puede generar contingencias laborales y comprometer la confianza de los clientes. Por ello, las organizaciones deben adoptar medidas preventivas que permitan reducir estos riesgos.
Establecer políticas de confidencialidad. Las empresas deben definir qué información es reservada, quiénes pueden acceder a ella y cuáles son sus usos autorizados.
Formalizar los compromisos de confidencialidad. Los acuerdos deben establecer obligaciones claras, vinculadas con las funciones del trabajador y compatibles con la legislación vigente.
Controlar el acceso a la información. Es recomendable limitar el acceso a los datos a quienes los necesitan para cumplir sus responsabilidades laborales.
Capacitar a los trabajadores. El personal debe conocer los riesgos asociados al uso de información confidencial para fines personales o diferentes de los autorizados.
Documentar los procedimientos internos. Los contratos, las políticas y los procedimientos deben guardar coherencia y permitir que los trabajadores conozcan sus obligaciones.
Evaluar los posibles incumplimientos. Antes de imponer una sanción, la empresa debe verificar los hechos, identificar la obligación vulnerada y analizar la gravedad de la conducta.
Estas medidas contribuyen a fortalecer la protección de la información y a prevenir conflictos laborales derivados de su uso inadecuado.
7. ¿Qué deben tener en cuenta los trabajadores?
Los trabajadores deben comprender que la información a la que acceden durante sus labores puede estar sujeta a obligaciones de reserva.
Antes de utilizar datos de clientes para una finalidad diferente de aquella que justificó su acceso, deben verificar si cuentan con autorización y si el uso previsto es compatible con sus obligaciones laborales.
Si necesitan acreditar hechos en un procedimiento judicial o ejercer su derecho de defensa, deben evaluar alternativas legales que permitan sustentar su posición sin recurrir a usos no autorizados de información confidencial.
La existencia de una controversia con el empleador no elimina automáticamente las obligaciones de confidencialidad. Al mismo tiempo, estas obligaciones deben analizarse respetando los derechos y las garantías legales del trabajador.
Por ello, cuando exista un conflicto entre la necesidad de presentar pruebas y las restricciones relacionadas con información reservada, es recomendable contar con asesoría legal especializada.
8. Conclusiones: confidencialidad y buena fe laboral
La Casación, reafirma la importancia de respetar las obligaciones de confidencialidad relacionadas con la información a la que se accede por razón del cargo.
El criterio central es que utilizar datos personales de clientes sin autorización y para una finalidad distinta de aquella que justificó su acceso puede constituir un incumplimiento de las obligaciones laborales y un quebrantamiento de la buena fe.
En el caso concreto, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación de la trabajadora y mantuvo la sentencia que desestimó sus pretensiones de reposición y reconocimiento de un despido fraudulento.
Para las empresas, esta decisión evidencia la necesidad de establecer reglas claras sobre el acceso y uso de la información, así como de evaluar adecuadamente los incumplimientos antes de adoptar medidas disciplinarias.
Para los trabajadores, recuerda que el ejercicio del derecho de defensa debe analizarse junto con las obligaciones de confidencialidad asumidas durante la relación laboral.
En definitiva, la protección de la información, el cumplimiento de las obligaciones laborales y el respeto de los derechos de ambas partes deben abordarse de manera integral, considerando las circunstancias de cada caso y el marco jurídico aplicable.
Publicado por: VARGAS, BERNAL & CELI ASESORES LEGALES S.A.C.






